De un tiempo a esta parte la
corrupción política es uno de los temas que más preocupa a los españoles. El
profesor Carles Ramió publica La
renovación de la función pública (Los libros de la Catarata, 2016), donde
trata de abordar el impacto de la corrupción en la función pública de nuestro
país. Su tesis fundamental es que la corrupción en España afecta sobre todo a
la clase política, mientras que en la administración pública es prácticamente
inexistente. Además, piensa que ha afectado sobre todo al nivel local y
autonómico, y apenas al estatal. Así nos cuenta que:
“La tesis que defiendo es que los
empleados públicos no son corruptos en absoluto (o casi) y que se comportan con
unos estándares éticos mucho más elevados que la media de la clase política, la
clase empresarial y de la propia sociedad. No muestran actividades corruptas
por acción pero, en cambio, sí que por omisión han permitido la corrupción
política y empresarial” (p. 59).
La corrupción, aparte de sus problemas
morales, es un lastre económico y social
e impide el adecuado desarrollo y funcionamiento del Estado de Bienestar. Trata
de dibujar sus causas, que son variadas, aunque encuentra que la financiación
ilegal de los partidos políticos está entre las más importantes. Destaca
también, a mi modo de ver, la corrupción social, porque la sociedad acepta en
buena medida la corrupción en la vida cotidiana (pagar facturas sin IVA,
practicar el “enchufismo”, “tirar de contactos”…). En todo caso, no ve la
corrupción como un mal incurable y en el último capítulo trata de mostrarnos
las posibles soluciones para atajarla.
Me ha gustado también el intento
de combatir algunos de los bulos que alientan la baja valoración de la clase
política y del papel de la administración. Por ejemplo, es bien conocido el
meme que circula por las redes sociales que afirma que España es el país con
más políticos del mundo, con casi 400.000. De esto nos dice:
“Los datos más solventes son los
que ofrece el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Economía, que fijan la
cantidad total de personal de naturaleza política en 122.000. Cantidad que es
tan voluminosa debido a que en España hay 68.700 concejales y alcaldes, pero
solo un 10% de ellos perciben algún tipo de retribución. En definitiva, la
cifra más exacta de políticos que cobran del erario público (…) no alcanza por
poco los 63.000” (p. 34).
Se trata, en definitiva, de una obra interesante y una buena
contribución al debate. Un último apunte. La edición presenta
múltiples erratas que afean el texto. Esto no se puede achacar al escritor,
sino al editor.
